Por años, la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez ha sido un punto estratégico y altamente sensible para el comercio internacional, pero también un foco de tentaciones para quienes buscan convertir el control aduanal en un negocio privado. Hoy, más que nunca, ese peligro parece haberse materializado.
Con la salida del administrador Benito Cegueda Hernández, el recinto federal ha sido ocupado por personajes que lejos están de representar garantía o experiencia en el manejo de las operaciones aduaneras. Se trata de Rafael Buenrostro y Roberto Vera, este último, tristemente célebre por un episodio escandaloso ocurrido en abril del 2021: cerca del puente Córdova Américas, alguien dejó una cabeza de cerdo acompañada de un mensaje amenazante dirigido directamente a él —»Roberto Vera de la aduana, jalas con todos o con nadie»—, señal de los niveles de riesgo y colusión que se tejían incluso entonces en torno a su figura.
El retorno de Vera a una posición de poder no sólo revive aquellos fantasmas, sino que profundiza el ambiente de desconfianza dentro del recinto federal. Lo mismo sucede con Buenrostro, cuya falta de trayectoria y resultados conocidos en el ámbito aduanal sólo agrava el sentir de improvisación y descomposición.
El punto aduanal de Tornillo permanece cerrado desde la semana pasada, un movimiento que ha sido interpretado como más que una simple reestructuración: hay quienes aseguran que detrás se gesta una reconfiguración operativa para facilitar el ingreso de mercancías ilícitas —una red paralela de contrabando de armas, drogas y productos diversos—, bajo el amparo de nuevas complicidades.
Las señales son graves. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de una aduana, sino la integridad del Estado en una de las fronteras más importantes del país. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los sostiene? ¿Y con qué propósito? La opacidad es total.
